Hay que recuperar el autoabastecimiento energético

Llegó la hora de ir al océano Atlántico, hasta ahora lamentablemente reservado de hecho a los ingleses en Malvinas.

Llegó la hora de ir al océano Atlántico, hasta ahora lamentablemente reservado de hecho a los ingleses en Malvinas.

Llegó ya la hora de revertir la decadencia energética de la última década. A fines del siglo pasado, producíamos 54% más de petróleo que ahora y, en 2004, la producción de gas era un 25% mayor que la actual. Nunca había pasado esto en nuestra historia petrolera, iniciada en Comodoro Rivadavia en 1907, ya que en ninguna década del siglo XX había caído la producción. Esta reciente decadencia productiva, impulsada por la política energética de los últimos años, compromete seriamente las menguadas reservas del Banco Central. En 2006 el superávit externo energético era de 6100 millones de dólares; ahora el déficit ya supera los 6000 millones. Será muy difícil en el futuro crecer y crear empleos productivos sin recuperar el autoabastecimiento perdido por esta administración. Pero para recuperar el autoabastecimiento, necesitamos una nueva ley de hidrocarburos, no un mero remiendo del decreto-ley 17.329 dictado por Onganía hace casi 50 años.

Para que esta reforma legal sea políticamente viable, es crucial que signifique una mejora para el conjunto de toda la sociedad, y no sean mecanismos de enriquecimiento de pocos. La historia de la administración de los recursos naturales está plagada de ejemplos que evidencian que esto último ocurre con frecuencia. Cuando prima la presión política y el favoritismo corruptor, se puede incrementar la participación de unos pocos en una menguada renta de hidrocarburos (RH). Pero, para expandir la RH, es necesario que se asuma el riesgo empresario y el esfuerzo productivo en el yacimiento. Necesitamos una nueva ley que logre que los geólogos y productores genuinos desplacen a los peticionantes del favor burocrático. Hay que evitar que se repita lo de Santa Cruz en 2006, cuando adjudicó más de 7 millones de hectáreas a dos conocidas empresas “amigas”, en una oscura licitación de la cual habían sido previamente descalificados todos los demás oferentes (incluido YPF).

“Los jugos de la tierra pertenecen al rey”, decían las ordenanzas de Aranjuez, de Carlos III, que reglamentaban las minas del nuevo mundo. Así también lo establece nuestra Constitución, que asigna la propiedad de los recursos a las provincias. La nueva ley debe estimular a que haya más “jugo” por el aporte de la iniciativa privada (nacional y extranjera), en un marco de libertad de gestión que asuma sin favoritismos los riesgos empresarios. El problema político esencial no es quién extrae el “jugo”, sino quién se lo apropia. El mundo no vive hoy una situación de exceso de oferta de capitales petroleros de riesgo; las compañías con fondos invertibles enfrentan una gama muy amplia de alternativas en países en desarrollo de África, América latina y Asia. Por ello es importante prestar atención a los factores capaces de movilizar las inversiones para expandir la frontera de reservas en la Argentina. Aunque un país sea rico en recursos y tenga una adecuada infraestructura, los factores institucionales pueden inhibir las inversiones exploratorias.

La incertidumbre asociada con la existencia, tamaño y calidad del recurso prospectivo crea grandes complicaciones para la captura fiscal de la RH generada. Si el Gobierno actúa pasivamente, no podrá capturar la totalidad de la RH asociada con los recursos que controla. El objetivo tributario debe ser capturar fiscalmente toda la RH, pero nunca reducir el tamaño de esta RH. Para esto, hay que quitar espacio a la discrecionalidad burocrática consagrando criterios adjudicatarios transparentes y simples. Esto hará políticamente viable la privatización de la explotación de los recursos, pero socializando plenamente la RH. Al mismo tiempo, el talento empresarial se concentrará, como corresponde, en el yacimiento. Recorrer los pasillos oficiales debería implicar una pérdida de tiempo, ya que la asignación de los recursos naturales debe ser decidida en una amplia y transparente puja competitiva.

Necesitamos una nueva estrategia de recuperación de la producción de hidrocarburos que facilite el desarrollo de los nuevos recursos no convencionales, no sólo de Vaca Muerta, sino también de otros yacimientos de este tipo. La nueva ley también deberá promover la exploración de las cuencas sedimentarias con recursos convencionales de gas y petróleo, tanto en tierra como en mar.

La nueva ley debería perseguir variados objetivos. Por ejemplo, contribuir a la radicación de inversiones de riesgo que maximicen la producción. Todas las adjudicaciones de áreas deberán ser hechas con mecanismos licitatorios abiertos y competitivos, regla que también se aplicará a las renovaciones de contratos, que no podrán ser ni “gratuitas” ni discrecionales.

La ley deberá regir en todo el territorio nacional. Las provincias serán responsables de su aplicación en sus territorios y la Nación tendrá esta responsabilidad en nuestro mar continental. Como lo dice nuestra Constitución. Llegó la hora de ir al océano Atlántico, hasta ahora lamentablemente reservado de hecho a los ingleses en Malvinas.

Deberá también definir los criterios y normas que aseguren un desarrollo productivo respetuoso del medio ambiente.

También debería impulsar la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que coopere técnicamente con las provincias, por ejemplo, en la auditoría de reservas y en el cumplimiento de los compromisos de inversión ofrecidos por los concesionarios. Y debería establecer la asignación de parte de la RH a fondos de inversión de carácter intertemporal, orientados a inversiones en infraestructura y en el desarrollo humano (salud y educación).

Nos debemos un debate serio y responsable. Recordemos que los hidrocarburos no son una cuestión que interese únicamente a las provincias petroleras. Serán los representantes parlamentarios de todas las provincias argentinas los que tendrán que debatir en profundidad las disposiciones de esta nueva ley que necesitamos.

Recuperar el autoabastecimiento deberá ser un objetivo nacional en la próxima década. Es necesario recuperar sin demoras el tiempo perdido por una prolongada política de decadencia energética. (Por Alieto Aldo Guadagni; LaNacion)

25/08/14

 

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